La violencia machista es la primera causa de detención y el principal problema de seguridad para las mujeres en nuestro país.
Pero lejos de importar a la clase política, salvo contadas excepciones, es algo por lo que se pasa de puntillas de manera constante. No tanto cuando llegan los periodos electorales que entonces sí que a todos les gusta enarbolar la causa y darnos lecciones de moral y de buenas intenciones.
Decirse feminista o aliado, cuando hay que vender la marca y volver a sentarse en los mismos sillones, viste tanto como decirse defensor de los derechos y libertades lgtbi. Da igual si después tienes los mismos prejuicios al respecto que tus antagónicos.
Pero volviendo al asunto de la violencia machista, cabe decir que el lugar principal al que acuden casi todas las mujeres víctimas, es a las comisarías de nuestro país. Unos espacios que no solo no están acondicionados para recibirlas, sino que son lugares maltratantes en los que muchas veces, funcionarios violentos condenados por serlo, se encargan de tratar con ellas y recogerles las primeras diligencias.
Esto es así por el escaso o nulo compromiso de los encargados de las políticas de seguridad ciudadana, para establecer protocolos que permitan echar a la calle a los condenados por pegarle a las mujeres.
Y es que todo lo que sea tocar una institución que se auto regula, se auto gestiona y vive de espaldas a la sociedad a la que debe servir, da mucho miedo a los que gobiernan.
Por esa desidia o miedo con el que se trata todo lo que tiene que ver con la policía en España, muchas mujeres acaban denunciando sus agresiones o violaciones a tipos con placa y condenas por violar, agredir, acosar o pegar palizas a otras mujeres. Esa es la realidad aunque traten de silenciarla.
Todos entendemos como lógico, que un pederasta no puede trabajar en una guardería, pero no tenemos tan claro que un agresor machista no pueda tener su uniforme y su placa. Y por ese motivo cumplen condenas y después se les readmite como si nada.
En 2019, casi doscientos policías entre Guardias civiles, policías y militares, estaban en la cárcel por delitos de tráfico de drogas, violencia machista u homicidio, entre los más graves. Estas informaciones se corresponden con la respuesta a una pregunta que hizo Bildu al Ministerio de Interior. No es que haya claridad en lo que concierne a lo que es un servicio publico que pagamos de nuestro bolsillo, sino que para tener esos datos hay que forzar y retorcer la maquinaria ya que no son públicos siendo de público interés.
Para el Estado es complicado reconocer que la policía que tenemos tiene un cáncer no extirpado. Y eso atañe al hecho irrefutable de que los partidos de régimen se han beneficiado de la opacidad, el oscurantismo y el alma salvaje y maltratante de gran parte de nuestros uniformados.
El cáncer ya es metástasis y aunque se empeñen en ocultarlo, salta a la vista que la policía que tenemos es un agujero negro, oscuro, vulnerante de derechos y de libertades.