[Por: Sonia Vivas]
Cuando te decides a denunciar públicamente lo que no funciona bien o directamente no funciona en absoluto, te suelen salir enemigos por todas partes, pero cuando se trata de hablar de actuaciones que atañen a la policía, la cosa se complica y bastante.
En un país como el nuestro donde mucha gente con ideas demócratas y progresistas bajan la voz cuando hablan de política, se hace muy evidente que no es fácil la convivencia de la libertad de expresión con su colega el ineludible miedo.
En cambio, aquellos que se atribuyen la Constitución y la bandera como enseña propia, sí gustan de esparcir veneno sin consecuencias y a viva voz, como Dios manda, sabedores de que en la sopa de la represión muchos no cogen la cuchara con la mano derecha.
Poner en entredicho la labor que se realiza desde la policía, en cuestiones de victimología y género, hace que sufras ataques constantes y que los pacíficos poderes fácticos en forma de pseudo- sindicatos y asociaciones, todas ellas policiales, quieran denunciarte, pues los envían desde arriba y ellos acatan la orden que es clara: “metedle un puro y calladla”.
Es el precio que pagas por andar por ahí hablando más de la cuenta e intentando cambiar un sistema que sólo perjudica a quien importa básicamente nada.
El objetivo no eres tanto tú como el miedo que tienen a que se sepa socialmente que la propiedad privada está más asegurada en nuestro sistema, que un trato acorde al derecho-social de una mujer violada.
En las academias policiales debido a que el paradigma educativo es otro, no suele hablarse del Estatuto de la Víctima del Delito o ley 4/2015 de 27 de abril, y por tanto, se desconoce su contenido que lógicamente, acaba siendo omitido en muchas actuaciones que se llevan a cabo. Sé que es molesto escuchar que la policía no es perfecta y que no da muchas veces un trato adecuado, pero es necesario contarlo.
Esto que expongo se observa de manera explícita en el hecho, contrastado por mi experiencia de catorce años como policía en ejercicio, que hay una ausencia de reglamentos y protocolos para el trato con personas no detenidas y sobre todo con las víctimas de delitos violentos, en su inmensa mayoría mujeres.
Este vacío legal, en cuanto a procedimientos, deja a la discrecionalidad del agente en cuestión o del mando que esté operativo en ese momento, la toma de decisiones sin una base reglamentaria que dé sustento a dichas decisiones.
Un ejemplo de ello es que muchas mujeres maltratadas son transportadas en la parte trasera de los vehículos policiales, lugares con una mampara de metacrilato, espacios destinados a los detenidos y nunca a las víctimas, pero que a veces se tornan polivalentes tratándose de mujeres apaleadas.