Existe un problema de comprensión en nuestro país acerca de lo que se consideran delitos de odio. Pensamos que para que se haga efectivo uno de esos atentados contra las libertades fundamentales, debemos sentir en nuestro interior ese sentimiento aparejado a su propia denominación. Y no es cierto.
El delito de odio tal y como lo comprendemos en España procede de una traducción del inglés que denomina como “hate crime” a estas vulneraciones. Las cuales tienen como referencia el ataque a una persona por su pertenencia a un colectivo. Para su ejecución no se depende, por lo tanto, de la necesidad de un sentimiento como motor. Además, personalmente creo que más que odio, el impulso procede de un desprecio a la existencia de determinadas personas o realidades, que proviene de una construcción vertical de la concepción de la humanidad.
En España cuando hablamos de este tipo de actos discriminatorios contra las personas realmente tenemos pocas o prácticamente ningunas herramientas legales eficaces para luchar contra ellos. Esto es así porque la ley está redactada con otra mirada y para otra cosa y carece del deseo de protección a las minorías.
El horizonte que dibuja nuestra legalidad vigente, respecto a la persecución de los delitos de odio, es claramente de represión de todo pensamiento que ponga en cuestión el Estatus Quo. Entendiendo Estatus Quo como un poder que está por encima de los dirigentes que mandan o gobiernan el país. Pues nadie es ajeno al hecho de que hay un poder que está por encima de todos ellos y que es superior al obtenido en las urnas. Ese poder son los grandes fondos de inversión y las empresas del Ibex.
Por ese motivo todo pensamiento humanista que ponga en cuestión uno solo de los principios que consolidad y cimentan la concepción del estado de las cosas, por parte de ese supra poder, será purgado. Y para ello, se redactó un código penal ,que representa la ingeniería jurídica necesaria para desproteger a los desfavorecidos y prolongar el protectorado de todos aquellos, que pretenden cerrarle la boca a quien señala el desorden de valores en nuestra sociedad.
Salvo en casos flagrantes, como delitos de sangre, que claramente han sido realizados hacia personas que pertenecen a un colectivo determinado, el resto de agresiones, ataques y violaciones de derechos fundamentales quedan descubiertos, porque como digo, no se busca proteger a la gente sino al poder de los poderosos. Y a sus propios intereses, dicho sea de paso.
No es baladí que el discurso de odio que coloca a las personas que están en los márgenes sociales, en la diana de la violencia callejera, no solo no esté censurado, sino que esté siendo blanqueado por las élites televisivas de manera constante.
Y no es tampoco casualidad que haya un repunte la extrema derecha en el mundo. Pues el poder quiere hacernos saber a todos que nunca podremos ejercer los derechos que tenemos solo por haber nacido. Esos que son inherentes a nuestra calidad humana. Y el motivo por el cual no podremos ejercerlos, es porque fueron robados por las élites y cedidos a cuentagotas para acallar revueltas que podían poner en jaque el poder de quienes los poseen. Y en esta aseveración está el germen de que, nunca ningún avance en la consolidación de algunos de los derechos de las minorías, se consiguieron de forma pacífica en la calle. Por ese motivo no se censura, desde el poder, la violencia policial en algunas manifestaciones y se genera un discurso que coloca en la diana, de ser una suerte de bárbaros, a todos los que salen a ejercer el derecho a la protesta en las calles. Pero solo cuando esa protesta tiene el objetivo de ganar en libertades o derechos fundamentales.
Pues el poder se revuelve con violencia porque no quiere ceder, porque tiene miedo a una masa sabedora de sus derechos que se vuelve fiera.
En las últimas semanas se han sucedido cuatro ataques a personas sin hogar en España. Cuatro ataques que se sepan, pues las cifras de agresiones a personas que viven en la calle son mucho mayores ya que no se suelen denunciar por múltiples factores relacionados con la vulnerabilidad de estas personas.
Los cuatro han sido de una gravedad supina y ponen de relieve e ilustran lo que he venido a contarles.
El resumen de dos semanas es que han tratado de quemar vivas a dos personas y golpeado brutalmente a otras dos. Una de las agresiones incluso se grabó en video para compartirla por redes y grupos de WhatsApp. Y este hecho entronca con lo que he venido a contarles. Nuestros delitos de odio, esos que constantemente están en la boca de tertulianos y demás personajes televisivos que en la mayoría de ocasiones, obedecen a las directivas de partidos políticos. Partidos que les dictan lo que deben decir, para sostener sus políticas y venderlas en televisión. Pues esos delitos tan usados y tan desconocidos, no contemplan a las personas sin hogar.
Es decir que tenemos un código penal que no entiende ni recoge, como agresión específica, la realizada contra alguien en situación de sinhogarismo, alguien que vive entre cartones, alguien que no tienen nada más que la calle para pasar sus días y sus noches.
Pero sí contemplan, por ejemplo, el antisemitismo, porque en ese articulado el lobby judío empresario vinculado al estado de Israel, que vulnera derechos fundamentales del pueblo palestino, con Esther Koplowitz a la cabeza consiguió posicionar los atentados contra su comunidad por encima de los atentados a personas que nada poseen.
Así que y para ir concluyendo, por mucho que oigan hablar de aporofobia, que es como se denomina la discriminación hacia una persona sin hogar, sepan que cuando se redactó la ley, el legislador, el poder y los políticos del momento, actuaron con la misma actitud con la que se mira a estas personas en la sociedad. Mirando para otro lado y haciendo ver que no están.